Las mujeres deciden,
la Sociedad respeta,
el Estado garantiza,
las Iglesias
No intervienen
Llamado a la Acción - 28 de septiembre 2011
Campaña 28 de Septiembre
Por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe
Los temas referidos a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos siguen ganando espacio en las agendas de discusión de nuestra región y, al igual que las políticas públicas en este sentido, parecen ir mostrando más avances que retrocesos. Es así que al pasar balance de la situación continental en ocasión de este 28 de Septiembre encontramos que, si bien persisten condiciones muy graves de negación de derechos humanos de las mujeres, con su secuela de sufrimientos terribles e innecesarios, también divisamos elementos esperanzadores que podrán nutrir nuestros esfuerzos a lo largo del próximo año.
Por sus implicaciones políticas y estratégicas para el quehacer de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, cabe primero destacar los avances en materia de jurisprudencia internacional obtenidos en el último año, en particular:
El otorgamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una Audiencia Temática Regional sobre Derechos Reproductivos de las Mujeres de ALC, solicitada por 12 organizaciones feministas de la región. En su declaración posterior la CIDH afirmó la necesidad de que se despenalice el acceso a los servicios de salud materna que limitan la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la salud de las mujeres, declarando explícitamente que la prohibición del aborto terapéutico “atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres”[1].
El dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso de la joven argentina LMR, a quien se negó el derecho a interrumpir un embarazo que le correspondía de acuerdo a las leyes de su país. El CDH sentó así jurisprudencia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación a los casos de aborto no punible[2].
Las recomendaciones hechas a Nicaragua por el Comité de Derechos del Niño y la Niña en cuanto a la necesidad de despenalizar el aborto en los casos de embarazo resultante de incesto y de abuso sexual a niñas[3].
Las recomendaciones hechas a El Salvador por el Comité de Derechos Humanos en cuanto a la necesidad de “revisar su legislación sobre aborto, tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el delito de aborto, así como suspender la incriminación en contra de mujeres por el delito de aborto”[4].
La histórica decisión de la CEDAW en un caso de mortalidad materna en Brasil, donde el Comité estableció la obligación de los Estados de garantizar a todas las mujeres acceso a servicios oportunos, no discriminatorios y adecuados de salud materna[5]. Este es el primer caso sobre mortalidad materna decidido en instancias internacionales.
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